REPUDIAMOS LA IMPUTACIÓN A MARGARITA STOLBIZER Y APOYAMOS LA LUCHA DEL CAMPO.
En nuestra República el principio de igualdad ante la Ley está reconocido y garantizado en el artículo 16º de la Constitución Nacional. El mismo expresa que en Argentina no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley sin otra condición que la idoneidad.
Esta cuestión tan básica parece no ser tenida en cuenta por algunos funcionarios judiciales, que en esta maltrecha República, solo sirven de patéticos peones de un gobierno autoritario, desorientado y autista.
Con esta declaración, específicamente, nos queremos referir al Fiscal Federal de San Nicolás, Dr. Juan Murria, que sin miramientos ha imputado a Margarita Stolbizer, junto a algunos dirigentes agropecuarios y al propio Intendente de San Pedro, Mario Barbieri, por el corte de la Ruta 9. Por tal motivo, Stolbizer debió presentarse en la Delegación Morón de la Policía Federal para notificarse sobre la fecha de la audiencia.
¿Por qué hablamos de la falta de igualdad?
Simplemente porque la Justicia ha procedido a la penalización de una protesta social pacífica con arbitrariedad manifiesta, en tanto, actúa con liviandad ante el accionar descomedido del dirigente oficialista Luis D`lia, el mismo que tomó una comisaría y que con el uso de la violencia desplazó de la Plaza de Mayo a ciudadanos que se expresaban libremente. Para él no hubo persecución por parte de funcionarios judiciales, por el contrario, obtuvo recompensas devenidas en planes sociales para engrosar su fuerza de choque.
Frente al enrarecimiento del clima político en nuestro país, advertimos a la ciudadanía para que esté alerta y repudie cualquier intento de avance del kirchnerismo sobre la libre expresión y el pleno ejercicio de los derechos individuales, que deben ser garantizados por el Estado
Lejos de la tan proclamada impronta de campaña tendiente a mejorar la calidad de nuestras instituciones y la saludable convocatoria a pensar la Argentina del Bicentenario, el gobierno tristemente nos brinda una Justicia servil y un conflicto permanente con los sectores políticos y sociales que manifiestan su disconformidad con las políticas oficiales.
Por los motivos expuestos, repudiamos la persecución y la penalización de las demandas sociales.
En nuestra República el principio de igualdad ante la Ley está reconocido y garantizado en el artículo 16º de la Constitución Nacional. El mismo expresa que en Argentina no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley sin otra condición que la idoneidad.
Esta cuestión tan básica parece no ser tenida en cuenta por algunos funcionarios judiciales, que en esta maltrecha República, solo sirven de patéticos peones de un gobierno autoritario, desorientado y autista.
Con esta declaración, específicamente, nos queremos referir al Fiscal Federal de San Nicolás, Dr. Juan Murria, que sin miramientos ha imputado a Margarita Stolbizer, junto a algunos dirigentes agropecuarios y al propio Intendente de San Pedro, Mario Barbieri, por el corte de la Ruta 9. Por tal motivo, Stolbizer debió presentarse en la Delegación Morón de la Policía Federal para notificarse sobre la fecha de la audiencia.
¿Por qué hablamos de la falta de igualdad?
Simplemente porque la Justicia ha procedido a la penalización de una protesta social pacífica con arbitrariedad manifiesta, en tanto, actúa con liviandad ante el accionar descomedido del dirigente oficialista Luis D`lia, el mismo que tomó una comisaría y que con el uso de la violencia desplazó de la Plaza de Mayo a ciudadanos que se expresaban libremente. Para él no hubo persecución por parte de funcionarios judiciales, por el contrario, obtuvo recompensas devenidas en planes sociales para engrosar su fuerza de choque.
Frente al enrarecimiento del clima político en nuestro país, advertimos a la ciudadanía para que esté alerta y repudie cualquier intento de avance del kirchnerismo sobre la libre expresión y el pleno ejercicio de los derechos individuales, que deben ser garantizados por el Estado
Lejos de la tan proclamada impronta de campaña tendiente a mejorar la calidad de nuestras instituciones y la saludable convocatoria a pensar la Argentina del Bicentenario, el gobierno tristemente nos brinda una Justicia servil y un conflicto permanente con los sectores políticos y sociales que manifiestan su disconformidad con las políticas oficiales.
Por los motivos expuestos, repudiamos la persecución y la penalización de las demandas sociales.
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